Amparo Constitucional Laboral Penal

Asuntos relevantes resueltos por la SCJN en 2017

El 2017 se esfuma y con el un ciclo de asuntos y avances en materia de impartición de justicia, nuestro máximo órgano de justicia tuvo un año muy productivo, en el que no solo se abordaron temas de impartición de justicia, sino cuestiones legislativas con gran impacto social. A continuación un breve recuento.

Publicidad gubernamental

Con un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar, Primera Sala de la Suprema Corte, ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.

En sesión de 15 de noviembre de 2017, la Sala determinó que conforme a la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, en la que se estableció que antes del 30 de abril de 2014 el Congreso de la Unión debía expedir la legislación en materia de publicidad oficial, lo que hasta ahora no ha ocurrido. Por esa razón, Artículo 19, una organización no gubernamental con presencia internacional, que defiende la libertad de expresión, promovió un amparo en contra de la omisión del Congreso de dar cumplimiento al mandato constitucional.

La sentencia determinó que la omisión de expedir la ley señalada viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes. La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión.

 

Competencia exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

El amparo interpuesto por Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel), fue conocido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión era inconstitucional, al considerar que:

  1.  El Congreso no era competente para fijar la “tarifa cero”, sino que ello le correspondía al IFT, que precisamente para eso fue creado como un órgano constitucional especializado y autónomo.
  2.  Que la “tarifa cero” es confiscatoria, carece de razonabilidad objetiva y constituye una restricción desproporcionada a la libertad de comercio, entre otros argumentos.

En sesión de 16 de agosto de 2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente entro al estudio del primer argumento, y decidió por unanimidad de votos que el artículo 131 referido sí es inconstitucional. Pues el Congreso de la Unión no tiene facultades de establecer en leyes medidas que regulen actividades económicas, es decir, que la reforma propuesta por el Congreso en 2013 es inconstitucional, ya que ellos no pueden decidir si Telcel cobra o no a su competencia por el uso de la red celular, pues es mandato constitucional exclusivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Dicho proyecto realizado por el ministro Javier Laynez. (amparo en revisión número 1100/2015.

Derecho de Replica

En sesión de 23 de agosto de 2017, la Primera Sala, resolvió, a propuesta de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, el amparo en revisión 91/2017, referente a la constitucionalidad de los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 23 de la Ley Reglamentaria del artículo 6° constitucional en Materia del Derecho de Réplica.

Este amparo fue promovido por diversas empresas, a diferencia de los anteriores, fue negado. Los argumentos principales fueron que Congreso de la Unión era incompetente para legislar el derecho de réplica,  así como exigencias y ambigüedades de la ley de concepto de “información inexacta” y “malicia efectiva”.

La Primera Sala concluyó que el derecho de réplica no constituye una sanción para el medio de comunicación, sino un mecanismo para aclarar la información falsa o inexacta. Estableciendo que: “En el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta de un funcionario público debe prevalecer el interés social en que se difunda la información cuyo único objetivo es aclarar aquella falsa o inexacta y, en este sentido, la falta de intención del medio de comunicación de causar un daño al funcionario público, no tiene el alcance de limitar su ejercicio, pues lo que se pretende no es sancionar a quien difunde la información, sino restaurar el equilibrio informativo en beneficio de la sociedad.”

 

Despido de Mujeres Embarazadas.

El 22 de marzo de este año la Corte estableció un precedente trascendente para las madres trabajadoras, al resolver una contradicción de criterios a través de la cual tutela los derechos de la mujer que es víctima de un despido injustificado por causa de su embarazo o del periodo post parto.

La Segunda Sala determinó que, cuando en un juicio laboral se reclama que el despido de una trabajadora tuvo como origen un acto discriminatorio de su patrón, como lo es el terminar la relación laboral con motivo de su embarazo, la autoridad jurisdiccional debe aplicar la herramienta de perspectiva de género.

Por lo tanto, en aquellos casos en el que se atribuye el despido al estado de gravidez de la trabajadora, el ofrecimiento de trabajo hecho por el patrón no revertirá la carga probatoria, independientemente de la calificación de este.

Por tanto, en asuntos donde la trabajadora alegue como base del despido una discriminación por razón de género, con motivo del embarazo o del período de post parto, la carga de la prueba recae en la parte patronal, quien deberá acreditar la ausencia de tal discriminación y en todo caso la causa que lo motivó.

 

Perspectiva de género de víctimas de hostigamiento sexual.

En materia de perspectiva de género, pero esta vez en materia penal, la Corte a través de la Primera Sala, a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, resolvió el amparo directo en revisión 3186/2016,

Este amparo visto el 01 de marzo de 2017, confirmó la sentencia que negó la protección constitucional al quejoso, en la cual se le declaró penalmente responsable de la comisión del delito de hostigamiento sexual, previsto y sancionado en el artículo 259 bis, primer párrafo del Código Penal Federal.

Medularmente la Sala resolutora estableció los siguientes elementos:

a) Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se produce en ausencia de otras personas, por lo que se requieren medios de prueba distintos a los tradicionales (vg. pruebas gráficas y documentales) por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Y tomar en cuenta que usualmente, por la naturaleza de esos delitos, la víctima no suele denunciarlos por el estigma que implica.

b) Dada la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, puede ser usual que el recuento de los hechos presente algunas inconsistencias o variaciones cuando se hace, lo que no debe restar valor probatorio a la declaración de la víctima.

c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros.

d) Se debe analizar la declaración de la víctima, que es la prueba fundamental, en conjunto con otros medios de convicción como dictámenes médicos, testimonios, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones.

e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones se utilizarán siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes con los hechos.

Para resolver, la Sala tomó en consideración reglas deducidas mayoritariamente de lo sostenido por la Corte Interamericana en los Casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra México, para, con perspectiva de género, realizar la valoración de testimonios de las víctimas de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer.

 

Inconstitucional el Bloqueo de una Página Web

También en materia libertad de expresión, la Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 1/2017 determinó que, para que las limitaciones a la libertad de expresión ejercida a través de una página de internet puedan considerarse constitucionales, deben reunir las siguientes condiciones: (1) estar previstas en ley; (2) perseguir un fin legítimo; y (3) ser necesarias y proporcionales.

Se trató de un amparo en revisión promovido en contra del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quien, argumentando la protección de obras musicales, ordenó que se realizara el bloqueo de la totalidad de la información, datos y expresiones de la página de red de la quejosa, impidiendo que los usuarios puedan ingresar a dicho sitio virtual.

La corte estableció que “si bien tales medidas están previstas en la Ley de la Propiedad Industrial y persiguen un fin legítimo (esto es, tutelar los derechos de autor de terceros), lo cierto es que no cumplen con los requisitos de necesidad y proporcionalidad, las restricciones al derecho humano de libertad de expresión deben referirse a un contenido concreto; de ahí que las prohibiciones genéricas del funcionamiento de ciertos sitios y sistemas web pueden vulnerar el derecho humano de libertad de expresión, en circunstancias absolutas, salvo, desde luego, frente a situaciones excepcionales (como acontece cuando la totalidad de los contenidos de una página resulten ilegales).”

Por lo que al restringirse no sólo aquellos contenidos que presuntamente constituyen una violación a derechos de autor, sino la totalidad de la información, datos y expresiones de la página de internet, se traduce en una censura de todo el flujo de información y expresiones que puedan derivar del intercambio que realizan los propios usuarios de tal sitio virtual.


Para este 2018 se prevén muchos mas asuntos de relevancia social, tal es el caso del estudio de la Ley de Seguridad Interior, a la cual el presidente esperará la evaluación de parte de la Corte, y diversos actores políticos y ciudadanos han anunciado que impugnaran.

 

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