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EL ABORTO Y LA SCJN ¿QUÉ FUE LO QUE RESOLVIÓ EL MÁXIMO TRIBUNAL?

Para saber cuáles son los alcances de dicha sentencia, es importante realizar algunos comentarios relativos a exponer de forma concreta qué fue lo que la corte resolvió, por qué lo resolvió así e incluso responder a preguntas que seguramente muchas personas nos hemos hecho: ¿ha reconocido la corte un derecho al aborto? ¿Significa eso que el producto del embarazo no tiene ningún valor para el estado? ¿Qué alcances tiene en nuestro país?

El pasado 6 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia, votó con una mayoría unánime de 10 votos, por declarar inconstitucionales diversos artículos del Código Penal de Coahuila, entre ellos, los que tenían que ver con el delito de aborto; el artículo 196, así como diversas porciones del artículo 198 y 199, que en conjunto establecen una pena de prisión a la mujer que aborte voluntariamente o a quien le brinde asistencia para ello (incluido el personal de salud). También, en el caso del artículo 199, relativo la limitación de abortar hasta las 12 semanas de gestación, en caso de violación, inseminación o implantación artificial. 

Para saber cuáles son los alcances de dicha sentencia, es importante realizar algunos comentarios relativos a exponer de forma concreta qué fue lo que la corte resolvió, por qué lo resolvió así e incluso responder a preguntas que seguramente muchas personas nos hemos hecho: ¿ha reconocido la corte un derecho al aborto? ¿Significa eso que el producto del embarazo no tiene ningún valor para el estado? ¿Qué alcances tiene en nuestro país?

Los antecedentes

En el año 2017, la Procuraduría General de la República interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos del Código Penal de Coahuila, entre ellos, los relativos al aborto y su penalización, pues consideró que iban en contra de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, específicamente los de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres, con lo cual se transgredían los artículos 1, 4 y 14 constitucionales, así como diversas disposiciones que forman parte de los tratados internacionales de los que México es parte. 

Fue así que al resolver la acción de inconstitucionalidad planteada, la Corte consideró válidos en esencia los conceptos de invalidez propuestos, pero hizo un estudio más a fondo del tema en cuestión, estudio que conviene analizar. 

La postura de la Suprema Corte.

En palabras del Ministro encargado del proyecto, Luis María Aguilar Morales, “Este proyecto no constituye de ninguna manera, una propuesta a favor del aborto, ni mucho menos la propuesta de la supuesta existencia de un derecho al aborto, pues si bien se trata el tema, la realidad es que este proyecto está enfocado en torno a la dignidad de la mujer y a las personas con capacidad de gestar; al reconocimiento y respeto de su derecho a decidir libremente sobre su vida, de desterrar con ello actos que producen y perpetúan la desigualdad por el hecho mismo de ser mujeres”. 

En síntesis, la Corte determinó, bajo un estudio con perspectiva de género (es decir, tomó en cuenta las situaciones que ponen en desventaja a las personas, mayormente mujeres, por su condición de sexo y en su caso, de género, ocasionando discriminiación) que en nuestro sistema jurídico existe y se reconoce un derecho fundamental “a decidir”. Este derecho se sustenta a su vez en derechos tales como la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva.

Lo cual se manifiesta tanto en una decisión de procrear, como de no hacerlo, y el estado tiene la obligación de tutelar ambas vertientes y garantizarlas plenamente.  De igual forma, resolvió que la segunda vertiente, es decir, la de decidir “no procrear” y en consecuencia poder interrumpir el embarazo, no es ilimitada, sino que debe ser estudiada a la par de la protección que brinda el estado al “nasciturus”, es decir, al producto del embarazo. 

La resolución en sí misma, así como diversas opiniones jurídicas de las y los ministros, refieren que ni la constitución ni los tratados internacionales consideran al producto de la concepción como una persona en sentido jurídico, susceptible de ser titular de derechos humanos. Sin embargo, es preciso señalar que aunque no se trate de una persona titular de derechos, y por tanto no se trata de derechos humanos que se colisionan entre sí, sí estamos ante un interés fundamental del estado en la preservación y desarrollo del producto de la gestación, pues tiene un potencial de convertirse en persona, protección que también aumenta con base en su desarrollo y su viabilidad.

El asunto del derecho a decidir interrumpir el embarazo, y por otro lado, la protección al nasciturus, radica en que ninguna es absoluta, sino que deben lograr un equilibrio en tanto que los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes deben ser garantizados de forma plena. 

Finalmente, se analizó que, además de que no tiene cabida una intromisión del estado, al grado de criminalizar a la mujer o persona que decide interrumpir su embarazo, también es importante identificar que tal decisión debe abordarse no desde una perspectiva delincuencial, pues debe tomar en cuenta que las circunstancias que llevan a una mujer o personas gestantes a tomarla, son muy variadas, pero en su mayoría tienen que ver con la desigualdad, marginación y precariedad en que se encuentran muchas mujeres en nuestro país. Comparar la decisión de abortar, con cualquier otro delito doloso, resulta totalmente desproporcionado e innecesario. 

En palabras del Ministra Yasmín Esquivel, “ninguna mujer desea y quiere abortar [por el simple hecho de hacerlo], son diversas circunstancias físicas, económicas, sociales, familiares las que la obligan a tomar esa difícil decisión. […] Hay cuestionamientos interminables en torno a las opiniones sociales, pero hay respuestas urgentes y obligadas que debemos dar como tribunal constitucional. Penalizar atenta contra el principio de mínima intervención penal, que se manifiesta primero en que el derecho penal no es el único instrumento para proteger todos lo bienes jurídicos, la segunda, que solo se aplique de manera subsidiaria, cuando otros medios de menor severidad no hayan tenido éxito para desalentar la conducta. ¿Cuántos factores indirectos existen en un aborto, que están fuera del código penal, y la única responsable social y penalmente es la mujer?”

Ministra Yasmin Esquivel

Por su parte, la Ministra Norma Lucía Piña, en la sesión del Pleno refuerza la sentencia, mencionando que “los tipos penales que permiten el aborto en caso de violación, pero lo penalizan cuando se decide de forma voluntaria, lo que castigan es la conducta sexual de la mujer”. Es decir, cuando hay consentimiento al momento de la relación sexual, no se le permite abortar; en cambio, cuando no hay consentimiento sexual, sí se le permite, lo cual evidencia la carga de género en tanto que en este caso, no se está tutelando realmente al nasciturus, sino penalizando a la mujer que no cumple con la expectativa de ser madre, y serlo como consecuencia necesaria de vivir su libertad sexual.

Los alcances.

Tal sentencia es relevante por todos los argumentos que la Corte expuso en favor del derecho a decidir, y porque establece diversos criterios relevantes para el sistema jurídico mexicano, incluido el tiempo por el que puede ser interrumpido un embarazo (hasta las 12 semanas) tomando en cuenta el desarrollo del producto, la seguridad para la mujer o persona que lo interrumpa y, sobre todo, el acceso a los servicios de salud y a la información oportuna para poder garantizar un ejercicio pleno de su derecho a decidir. 

Cabe precisar que esta resolución, no invalida la totalidad de códigos penales de los estados en los que se penaliza el aborto de forma voluntaria, solo y directamente el del estado de Coahuila, dando incluso efectos para personas que ya han sido procesadas o incluso ya sentenciadas bajo estas normas. Sin embargo, su efecto general radica en que, siendo una decisión unánime por los ministros, sus razonamientos se convierten en un criterio obligatorio para los y las juzgadoras de nuestro país, en tanto que las disposiciones que sancionan la interrupción del embarazo se replican una y otra vez en cada estado de la República, siendo totalmente contrarias a la Constitución. Es decir, el mayor efecto será que ninguna persona podrá ser procesada, acusada y sentenciada por cometer tales delitos -bajo las condiciones que la misma resolución establece-, pues para ello se deberán tomar en cuenta los criterios de la Corte, mismos que han sido contundentes en declarar la inconstitucionalidad.  

Tan es así, que incluso el Ministro Presidente, Arturo Saldivar, comunicó haber propuesto al Pleno del Consejo de la Judicatura aprobar un acuerdo para que el Instituto de la Defensoría Pública defienda a toda persona que se encuentre procesada o sentenciada por dichos delitos. 

Estamos, ciertamente, ante una resolución sin precedentes en la que, de forma progresiva, corroboramos cómo un medio de control constitucional como son las acciones de este tipo, se materializan en la forma en que se imparte justicia entre la sociedad mexicana, impactando incluso la forma en que se legisla en nuestro país, cuyo parámetro es el mismo: el respeto, garantía y protección a los derechos humanos. 

Ministro Arturo Zaldívar

Fuentes de consulta.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2017. Consulta en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2021-08/AI%20148.2017.pdf

Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6 de septiembre de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=MElZFNPWAkE

Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 de septiembre. https://www.youtube.com/watch?v=Z1qFSWV4_QU

Por: Gerardo Carmona

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