Amparo Constitucional

Amparo contra particulares

El jurista Ignacio Burgoa, definió a autoridad responsable en el juicio de amparo como “aquel órgano estatal, de facto o de jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada, de manera imperativa.” Si embargo, la primera característica que enunciaba dicho concepto no es un requisito distintivo, ya que, en el juicio de amparo actual, no solo los órganos del estado pueden ser considerados como autoridades responsables.

El jurista Ignacio Burgoa, definió a autoridad responsable en el juicio de amparo como “aquel órgano estatal, de facto o de jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada, de manera imperativa.” Si embargo, la primera característica que enunciaba dicho concepto no es un requisito distintivo, ya que, en el juicio de amparo actual, no solo los órganos del estado pueden ser considerados como autoridades responsables puesto que los actos de “particulares” también son pueden ser susceptibles de ser impugnables a través del juicio de amparo.

La interposición de amparos en contra de particulares ya es una realidad, si bien, fueron casos aislados los que se habían presentado en la práctica desde hace ya un tiempo. Casos en los que Jueces de Distrito aceptaban a trámite Juicios de amparo en contra de autoridades que no lo eran PERSE, para establecer bases y dar pauta a amparos en contra de Universidades Públicas, Notarios Públicos y otros organismos similares,  fueron la base para que en la Ley de Amparo publicada en 2013, se estableciera de forma clara la procedencia de este Juicio Constitucional en contra de particulares.

Así, en la actual Ley de Amparo, en la fracción II de su artículo 5º, que establece que entenderemos como “autoridad responsable”,  a quel ente que, “con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.”

Por sí solo, este párrafo otorga la posibilidad de establecer no solo a los órganos del estado como una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino también a un particular, al establecer que “con independencia de su naturaleza formal”, es decir, no es necesario que exista una calidad expresa de “autoridad”, es decir, que sea un ente del gobierno que realice actos de forma unilateral.

Este párrafo en comento es el preámbulo para la procedencia expresa que la encontramos en el párrafo siguiente que establece: “Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.”

Pero, esto no significa que podemos entablar un juicio de amparo en contra de nuestro vecino por no respetar mi terreno, en contra de nuestros catedráticos por reprobarnos, contra nuestro cónyuge o excónyuge por violentar o limitar nuestros derechos de cualquier índole. Pues para todos estos supuestos existen medios de defensa o de impartición de justicia que definiremos cómo ordinarios.

Es decir, la procedencia del juicio de amparo en contra de particulares es un medio de impartición de justicia extraordinaria, donde deben existir ciertas características en este “particular”, para poder considerarlo como autoridad responsable para efectos del Juicio de Amparo.

Así fue como, desde antes de la Ley de Amparo vigente, la propia Jurisprudencia se ha encargado de establecer los elementos y extremos para la procedencia del amparo en contra de particulares. Estos elementos son los siguientes: unilateralidad de sus actos, el plano de supra a subordinación, que sus actos tengan su origen en normas de aplicación general y sobre todo, que para ejecutar estos actos, no sea necesario que acuda a un órgano judicial.

A groso modo, esto estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en desde el año 2011 en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, del rubro “AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.”

Conforme los litigantes siguen exponiendo casos ante los Juzgados de Distrito, la jurisprudencia se va ampliando respecto a que autoridades y actos son susceptibles de ventilarse amparo y cuales no. Al grado de que en el Semanario Judicial de la Federación encontramos un catalogo amplio de supuestos de procedencia e improcedencia del juicio de amparo en contra de particulares.

Por último, es importante establecer que, por regla general, los Jueces de Distrito deben admitir a tramite los juicios de amparo que se promueven en contra de algún particular, cuando, en la demanda no se establezca una causal inminente de improcedencia o que encaje en los supuestos de improcedencia establecidos por la jurisprudencia. Esto es así, ya que la propia Segunda Sala estableció en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), que el auto de radicación no es la actuación procesal oportuna para analizar el acto reclamado y establecer si el amparo uninstancial es improcedente.

Twitter: EymardG

3 comentarios

  1. En ese entorno, le pregunto la CFE puede ser autoridad responsable. Dedicándose de las relaciones comerciales/mercantiles en. Cobros arbitrarios cortes de energía mrgstivs de dar el servicio. Etc…

    Sslud

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  2. Mi reconocimiento y agradecimiento a los abogados que nos hacen favor de ilustrarnos, compartiendo sus valiosos conocimientos.
    Me parece extraordinario contar con esta fuente de información y apoyo.

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