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Redes sociales, pueden ser pruebas en juicio.

El internet y las nuevas tecnologías nos ha cambiado la vida, el su mayoría para bien, principalmente han hecho que las personas estemos más comunicadas y que las relaciones interpersonales se den a través de redes sociales.

Sin duda, el derecho y las normas tienen que evolucionar y acoplarse a estas nuevas características, e incluso, los jueces deben partir de los principios generales del derecho, y establecer bases, para que, aún en ausencia de norma explícita, se adapte a la realidad actual.

Si bien, en nuestros códigos procesales no contamos de forma expresa como medio de prueba los obtenidos en redes sociales o internet, sin embargo, estos quedan englobados en el apartado de “elementos portados por la ciencia y tecnología”, tal y como lo establece el artículo 210-a del Código Federal de Procedimientos Civiles, que a la letra dice: “se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología”, situación que reconocen todos los códigos con palabras mas, palabras menos.

En particular, hoy nos referiremos a los datos de prueba que pueden encontrarse en medios electrónicos como lo son Whats App, Facebook, Instragram, Twiter, entre otros.

Independientemente de la forma en que se ofrezcan estos elementos de prueba, ya sean documental, inspección ocular, informe o cualquier otro, para poder dar validez plena a este tipo de probanzas, es necesario que sean perfeccionadas, es decir, no basta con la simple exhibición de la impresión de pantalla tanto de la conversación de whats app o de la publicación realizada en facebook, sino que debe concatenarse con medios de perfeccionamiento, como lo pueden ser una prueba pericial, o con en su caso con reconocimiento de contenido realizada sus emisores.

En materia penal, es indispensable que se realice una correcta cadena de custodia y que esta haya sido obtenida de forma lícita, ya que al ser medios susceptibles de alteración, debe existir la certeza plena de que la obtención de esta prueba no se encuentra viciada, además, es importante tomar en cuenta que el oferente de la prueba no fue parte de la conversación, se turno por si misma ilegal, si no media el consentimiento de los que intervienen o en su caso, una autorización del Juez de Control.

Así lo expuso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis aislada I.2o.P.49 P (10a.), emitida en enero del año 2017, del rubro: “PRUEBA ELECTRÓNICA O DIGITAL EN EL PROCESO PENAL. LAS EVIDENCIAS PROVENIENTES DE UNA COMUNICACIÓN PRIVADA LLEVADA A CABO EN UNA RED SOCIAL, VÍA MENSAJERÍA SINCRÓNICA (CHAT), PARA QUE TENGAN EFICACIA PROBATORIA DEBEN SATISFACER COMO ESTÁNDAR MÍNIMO, HABER SIDO OBTENIDAS LÍCITAMENTE Y QUE SU RECOLECCIÓN CONSTE EN UNA CADENA DE CUSTODIA.”.

La falta de la cadena de custodia y la legal obtención llevara a esa prueba a ser declarada nula. Sin embargo, es importante destacar que esta nulidad únicamente aplica en materia penal, pues en otra materia no necesariamente se exige tal rigorismo, y dependiendo de los medios de perfeccionamiento o forma de desahogo aportará valor probatorio en mayor o menor medida que se hayan concatenado con algún otro medio de prueba. Incluso, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ha establecido que la exhibición de estas conversaciones no infringe el derecho de inviolavilidad, tal y como lo expone en su tesis I.5o.C.9 K, de rubro “COMUNICACIONES PRIVADAS. LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE SUS GRABACIONES NO INFRINGE LA GARANTÍA DE SU INVIOLABILIDAD”.

Para entender mejor lo que expone la referida tesis aislada, es importante contemplar lo establecido por la Constitución Federal, en su artículo 16, párrafos doce y trece, los cuales establecen:

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.”

En estos párrafos encontramos el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, estableciendo como caso de excepción, cuando exista la comisión o se realice la investigación de un delito, estableciendo como requisito la autorización de las personas que intervienen y en su caso una autorización judicial para intervenir una conversación, es decir, la autorización debe ser previa a la realización de la conversación.

Si bien, estos párrafos establecen de forma clara la INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS y que estas no podrán ser medios de prueba cuando se viole este derecho, es también claro que se refiriere particularmente a la materia penal, pues incluso el legislador excluye las materias electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo de forma expresa.

Ahora bien, por su parte Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, por su teología, no son medios de comunicación únicamente entre determinadas personas, sino mas bien, son medios de exposición de datos. Pues cuando una persona sube a “su perfil” o incluso mediante comentarios de estas redes sociales, lo está exponiendo a sus contactos o cualquier persona que tenga acceso a ello (cuando no se limita la privacidad), incluso, conforme los propios lineamientos de privacidad que establecen estas redes sociales.

Así, los datos publicados en las redes sociales no encuadran en la prohibición establecida por la norma constitucional, puesto que su propio emisor, es quien lo está haciendo público. Por lo que, al momento de ofrecer dicha prueba, no es necesaria una cadena de custodia o autorización de su emisor.

Un caso en particular que valida lo aquí afirmado lo es la ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis aislada de rubro: “PRUEBA ILÍCITA. NO LA CONSTITUYE LA OBTENCIÓN DE LA IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA DEL PERFIL DEL IMPUTADO EN UNA RED SOCIAL (FACEBOOK) EN CUYAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD SE ESTABLECE QUE AQUÉLLA ES PÚBLICA (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL)“.

No obstante, cada red social ofrece la oportunidad de comunicarse “en privado”, con ya sea contacto o no, dependiendo de la configuración que realice el usuario, en las cuales, si deben prevalecer los elementos de cadena de custodia y autorización de sus emisores.

En conclusión, la información obtenida de redes sociales, pueden ser ofrecidas y desahogadas como pruebas en juicio, la validez y eficacia de ellas, dependerá de los medios de perfeccionamiento y de las características acá expuestas, conforme a la materia de que se trate.

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