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JCyA impedidas para archivar oficiosamente por prescripción de ejecución de laudo.

La prescripción negativa es definida, a groso modo, como la perdida de la facultad de exigir el cumplimiento de un derecho a causa del simple paso del tiempo, como castigo de falta de la inactividad procesal, la que entendemos como una figura procesal, regulada en todas las materias del derecho.

En materia laboral, encontramos estos supuestos principalmente en el titulo décimo, artículos 516 al 522, de la Ley Federal del Trabajo, donde engloban los tiempos que tienen los sujetos de una relación de trabajo, para poder ejercitar las acciones que se pueden derivar de una relación de trabajo, así como los supuestos generales para que se actualice esta figura.

Aquí abordaremos en particular lo establecido en la fracción III del articulo 519, el cual se refiere a la prescripción de la acción para ejecutar el laudo o convenios. De dicho articulo se establece que operara la figura procesal, cuando haya transcurrido dos años, el cual, empieza a cuantificarse a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Entiéndase dos años calendario y no 730 días.

Si bien es cierto, la figura jurídica opera con el simple paso del tiempo, es necesario que la parte interesada, solicite la declaración correspondiente. Pues la Junta se encuentra impedida para, de oficio, declararla.

Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 116/2018, a partir de la cual, se creó la jurisprudencia 2a./J.85/2018 (10a.), misma que es de la tesitura siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2017764
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h
Materia(s): (Constitucional, Laboral)
Tesis: 2a./J. 85/2018 (10a.)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁN IMPEDIDAS PARA ANALIZARLA DE OFICIO.
De acuerdo con el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la acción para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas prescribe en el plazo de 2 años, contado a partir del día siguiente al en que aquél hubiera quedado notificado. En ese sentido, si bien la prescripción de la acción se actualiza por el solo transcurso del tiempo y la inactividad del demandante, lo cierto es que no opera de pleno derecho; consecuentemente, las Juntas de Conciliación y Arbitraje están impedidas para analizar de oficio su prescripción, pues al tratarse de una defensa mediante la cual el demandado se libera de la obligación de cumplir la condena impuesta, se requiere que haga valer esa figura, exponiendo en términos de la jurisprudencia 2a./J. 48/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos necesarios para que pueda analizarse, tales como el momento a partir del cual se originó el derecho de la contraparte para hacer valer la acción, así como la fecha en que concluyó el plazo, lo que garantiza que el actor tenga oportunidad de controvertir dichas manifestaciones.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 116/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Octavo Circuito y Primero del Décimo Sexto Circuito, ambos en Materia de Trabajo. 27 de junio de 2018. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidentes: Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Gabriela Zambrano Morales.

La decisión fue sustentada en una diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2002, emitida por la misma Sala en Junio de 2012, la cual, exponía de forma introductoria que “La excepción de prescripción es una institución jurídica de orden público recogida por el derecho laboral en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, misma que no se examina de manera oficiosa, puesto que requiere la oposición expresa de la parte interesada…”, donde se desprende claramente la necesidad de que las partes realicen la solicitud correspondiente.

Con la creación de esta jurisprudencia, resuelta el pasado once de julio y publicada el día de hoy (31 de agosto de 2018), será de aplicación obligatoria en todo el país, de acuerdo con lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo, primer párrafo. Pondrá en problemas a las Juntas del país, pues, la gran mayoría, archiva expedientes de forma oficiosa, mediante acuerdo o no, el único requisito, que estén inactivos durante el periodo que establece el artículo 519. A veces con el objetivo simple de que se reflejen en las estadísticas.

Al final del día, la responsabilidad es total de la parte actora, quien, tiene la carga procesal de impulsar el procedimiento, pero con esta jurisprudencia, se impone expresamente la carga procesal a la demandada, de solicitar la prescripción y previa garantía de audiencia de la parte actora, se resolverá.

Twitter: @EymardG

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