Penal Practica Jurídica

CONTROL JUDICIAL COMO MEDIO DE DEFENSA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Las autoridades en términos del artículo 17 Constitucional, están obligadas a salvaguardar y respetar el derecho humano individual de acceso a la impartición de justicia de todos, sin embargo, muchas veces la autoridad investigadora de los delitos, sin razón o motivo evidente, inmoviliza una carpeta de investigación haciendo a un lado a la víctima u ofendido del delito o peor aún, ordena y ejecuta actos con carente fundamentación ni motivación.

El Ministerio Público tiene la encomienda de dirigir la investigación penal, sin que de motu proprio (del latín : “por su propio impulso”) suspenda, interrumpa o cese el curso de las investigaciones, salvo en los casos autorizados por la propia ley. Asimismo, tiene la obligación como autoridad de fundar y motivar todas y cada una de sus determinaciones.

Todos los actos de investigación o diligencias concernientes con la investigación penal deberán realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, orientada a que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, y en específico, dando respuesta a lo solicitado por las partes que intervengan, de manera oportuna y justa.

La fuente constitucional la encontramos en los artículos 20, apartado C, que establece:

 “Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño”.

Y, del mismo modo el CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES en lo conducente dice:

“Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido

En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:

XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código;

XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables”.

“Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.

La Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido pueden impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público o Fiscal en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce los derechos de la víctima y ofendido como fundamentales y para el caso de que, se adviertan actos omisivos, estos podrán ser impugnados ante el Juez de Control, quien en audiencia, con citación de la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su defensor, y decidirá en definitiva.

Nuestro Máximo Tribunal (SCJN), de una interpretación específica de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracciones XV y XXI y 258 del Código Nacional, concluyó que las determinaciones del Ministerio Público o Fiscal, en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad.

Ante esta circunstancia, debemos a estimar que tales determinaciones del Fiscal o Ministerio Público no se limitan a las estrictamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones que no sólo tengan como efecto el paralizar, suspender o terminar una investigación.

Sino todas aquellas omisiones que se cometan en relación a una carpeta de investigación y que incluso no tengan efectos dilatorios, dado que el respeto a los derechos de la víctima, y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, quien en todo momento, conforme a su función, está obligado a salvaguardar los derechos y el principio de probidad e igualdad. Siendo así procedente el Recurso Innominado o de Control Judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por ultimo, si el Juez estima que alguna actuación es ilegal, este debe conminar a la autoridad para que reanude la investigación, practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o se abstenga de realizarlos, motivando así que cesen las omisiones y/o actos en perjuicio de las partes intervinientes.

Que tan magnífica herramienta nos proporciona el Código Nacional como medio de defensa para que el Juez de control o de garantía revise las decisiones u omisiones de la autoridad investigadora, relacionadas con el curso de su función investigadora o incluso, los actos de campo, que realizan los agentes ministeriales a su mando.

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