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Convenios de pago, la mejor opción, ante la inminente saturación del sistema de administración de justicia.

Debemos recordar que la tendencia desde ya hace unos años, es incorporar los medios alternativos de solución de controversias a todos los procedimientos jurisdiccionales, incluso antes de la reforma en materia penal de 2008 y en la más reciente en materia laboral, que instaurará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y que volvió la conciliación como un requisito sine qua non para poder demandar.

La crisis derivada de la pandemia que azota a todo el mundo se vendrá cada vez mas en aumento, y desde luego nuestro país no será la excepción, todos los sectores económicos y de la población serán afectados, unos más que otros, por lo que se deben tomar medidas para afrontarlo.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha informado en diversas ocaciones que “posiblemente hasta agosto o incluso septiembre podríamos tener todavía una transmisión activa”, estos es que en primera instancia las actividades laborales y comerciales se verán afectadas hasta en aquellas fechas, y sus estragos se verán reflejados en corto y mediano plazo.

La impartición de justicia desde luego no será la excepción, pues es evidente que se aproximan atrasos de pagos e incumplimientos de obligaciones en todos los sectores. Escuelas que exigen pagos de colegiaturas, para que a su vez paguen salarios a maestros, padres de familia que exigen pago de salarios para cubrir colegiaturas y necesidades básicas, empresas que necesitan ingresos para pagar la nomina, proveedores y renta, en fin, todos nos veremos inmiscuidos en un circulo de endeudamiento. 

Todo esto se va a traducir a demandas en todas las materias. Tomando en cuenta que las actividades de los órganos jurisdiccionales fueron suspendidas desde el 20 de marzo (algunos antes), todo el tiempo que detendrán sus actividades representa un rezago de audiencias que se acumulará con las nuevas demandas que se originarían de esta crisis.

Ante la declaratoria de emergencia sanitaria publicada el pasado 30 de marzo y las medidas tomadas por la Secretaria de Salud, por la pandemia de COVID-19, es indiscutible que se dejó en incertidumbre al sector empresarial principalmente, no solo porque no se estableció de forma clara como deberían cubrirse los salarios, sino que además quedó a interpretación el concepto de “FUERZA MAYOR”, el cual, en algunos contratos civiles es causal de impago o incluso de terminación del contrato.

Uno de los mecanismos que se están implementando por la mayoría de las empresas que han parado sus actividades es el convenio con acreedores, desde facilidades en pagos hasta condonaciones, incluso con el salario de los empleados, lo cual, sin duda, es un mecanismo muy acertado para que ambas partes tengan un beneficio, o, mejor dicho, una afectación menor.

En materia laboral se puede conciliar el salario de los trabajadores, bajo las principales premisas como lo son, la subsistencia del trabajador y la subsistencia del centro de trabajo. Tomando en consideración desde luego que, por un lado, el empleador dejará de percibir ingresos pero debe cubrir renta, cuentas por pagar, impuestos, etc., y por el otro hay que considerar que todas las personas necesitaran ingresos para subsistir y del mismo modo cubrir diversos pagos.

De igual forma, en tratándose de rentas de locales o casas habitación, se debe tomar en cuenta las necesidades e impedimentos del arrendatario y arrendador, los mismos factores, menor ingreso y la subsistencia de ambos. La misma regla operará para la mayoría de las transacciones.

En materia familiar, desde luego se debe dar prioridad a menores de edad y sectores vulnerables, el pago de alimentos desde luego no pueden ser suspendidos, sin embargo, se pueden conciliar para reducirlos en la medida de lo posible.

Así las cosas, es evidente que no existen buenos o malos, pues desde la perspectiva de cada persona, a cada uno le asiste la razón por una u otra circunstancia, cada uno velará en mayor o menor medida por sus intereses, por consecuencia, si ambas partes se empeñan en que sus pretensiones sean las que prosperen, conllevará a mayores gastos.

Debemos recordar que la tendencia desde ya hace unos años, es incorporar los medios alternativos de solución de controversias a todos los procedimientos jurisdiccionales, incluso antes de la reforma en materia penal de 2008 y en la más reciente en materia laboral, que instaurará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y que volvió la conciliación como un requisito sine qua non para poder demandar.

Independientemente de las medidas que establezcan desde el gobierno, es necesario la practica de medidas de conciliación y mediación, ya sea a través de despachos jurídicos, dependencias jurisdiccionales o de gobierno, pero se debe contemplar que esta crisis esta por empezar.

Claramente es una razón más para que los despachos jurídicos se especialicen aún mas en medios alternativos de solución de controversias, siguiendo la tendencia de solucionar o prevenir juicios, que apostar por litigar todo.

De ahí que en estos días aplique más que nunca la frase “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”. 

@eymardg

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