Los aspirantes a cargos judiciales en las elecciones de 2025 deben cumplir con una normativa específica para garantizar la equidad y transparencia del proceso electoral. A continuación, se detallan las principales regulaciones que rigen sus campañas:
1. Financiamiento de Campañas
- Autofinanciamiento Exclusivo: Los candidatos deben financiar sus campañas con recursos propios. Está prohibido recibir financiamiento público o privado externo, así como aportaciones de partidos políticos.
- Tope de Gastos de Campaña: El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido un límite máximo de $220,326.20 pesos para los gastos personales de campaña de cada candidato, independientemente del cargo al que aspiren. Diario Oficial de la Federación
2. Actividades Permitidas y Restringidas
- Prohibiciones: No se permite contratar espacios en radio y televisión, ni difundir propaganda electoral en medios de comunicación masiva. Además, está prohibido organizar mítines masivos, utilizar equipos de sonido de gran escala o realizar espectáculos como parte de la campaña.
- Permisos: Los candidatos pueden participar en entrevistas de carácter noticioso, foros informativos, mesas de diálogo y encuentros organizados gratuitamente por entidades públicas, privadas o sociales, siempre que se garantice la equidad entre todos los participantes.
3. Uso de Propaganda
- Limitaciones en Publicidad Exterior: Está prohibido contratar espectaculares, pintar bardas o utilizar autobuses para promocionarse.
- Propaganda Permitida: Se autoriza la distribución de propaganda en papel y el uso de redes sociales personales para la promoción de las candidaturas, siempre que se respeten los límites de gasto establecidos.
4. Fiscalización y Sanciones
- Supervisión del INE: El INE es responsable de vigilar el cumplimiento de las normas electorales y puede imponer sanciones en caso de infracciones.
- Transparencia Financiera: Los candidatos deben reportar detalladamente sus ingresos y gastos de campaña, conforme a los mecanismos establecidos por el INE.
Es fundamental que los aspirantes se conduzcan con apego a estas normativas para asegurar la legalidad y legitimidad del proceso electoral. El INE ha implementado mecanismos de fiscalización y promoción de la participación ciudadana para garantizar elecciones justas y transparentes.
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